BDC y Leyes
En la primera reunión del G20, Barak Obama planteó como un tema prioritario global el asunto de los paraísos fiscales a los que llamó “guaridas”. En las reuniones posteriores de ese grupo la cuestión desapareció del temario. (Vale advertir que, el megaescándalo internacional con los llamados “Panamá Papers” surge de información salida de los Estados Unidos)
La problemática de las banderas de conveniencia tiene muchos ejes en común: los buques mercantes que las enarbolan quedan afuera de la ley y, por supuesto, del fisco, de los países donde se encuentran quienes con ellos comercian y ganan fortunas. De hecho, no queda ninguna gran flota nacional, aún las de los países con antiguas tradiciones de marinos han sucumbido a favor de las BDC.
Plantear que por medio de una legislación nacional, la República Argentina podría encontrar un mero resquicio para recrear una flota mercante de navegación internacional tiene mucho de fantasía. Salvo que se planteara una ley de reserva de cargas para lo cual el gobierno debería enfrentar un portentoso conflicto de intereses con los cargadores que son la multinacionales exportadoras de granos a granel.
Las empresas que exportan cereales, que son los grandes cargadores de buques de ultramar que parten de los puertos argentinos, deben de tener aceitados vínculos con los armadores de esos barcos (si no son ellas mismas con otras razones sociales) lo cual les permite beneficios extras que destruirían cualquier posibilidad de competencia aun cuando hubiera tripulantes que navegaran a cambio de la comida: 1) al pagar los fletes remesan divisas a cuentas bancarias en el exterior, y mejor aún, radicadas en paraísos fiscales. 2) El costo pagado reduce las ganancias en sus balances con lo cual bajan el monto a pagar por el impuesto correspondiente.
Distinto, por supuesto, es el rubro de la navegación comercial de cabotaje y, en alguna medida, la de la navegación por la Hidorvía Paraná-Paraguay, aunque esta última, también está ostensiblemente vinculada a tratados internacionales vigentes y a intereses que exceden con holgura el mero cálculo de los “costos laborales”, incluso si se disimula el discurso poniendo ese costo en culpas del estado.