Luego del traspié sufrido por la Diputada Nacional Gladys González en una entrevista concedida a Jorge Lanata en radio Mire, cuando la legisladora comenzó reconociendo que cobraba honorarios, para luego declarar que en realidad cobraba viáticos por $ 33.000.- , su compañero en la intervención José Alonso INTENTÓ APAGAR EL INCENDIO CON NAFTA, ya que cursó una comunicación desde la casilla de e mail oficial de la intervención, en la que aclara QUE SU ÚNICO SUELDO ES EL QUE COBRA COMO INTERVENTOR Y ES POR $ 49.000.- con lo cual no sólo desmintió a González en el monto que percibe sino además en el concepto por el que lo hace. Asimismo la planilla que dio a conocer la Tesorería del Sindicato habla de valores de $ 59.000.-
No obstante la legisladora dio a conocer un comunicado, en el que insiste en su posición, a pesar que en los corrillos gremiales y empresarios ya se ve con creciente preocupación la prolongación de una intervención al principal gremio marítimo del país.
TEXTO DEL COMUNICADO DE LA DIPUTADA GLADYS GONZÁLEZ
LA INTERVENTORA JUDICIAL ADELANTÓ QUE, EN CASO DE QUE EXISTIERA INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS, RENUNCIA A SU BANCA EN EL CONGRESO
Gladys González: “Si para terminar con las mafias del SOMU tengo que dejar de ser diputada nacional, lo haré”.
La diputada de la Nación, Gladys González (Cambiemos), interventora del Sindicato Unidos Obreros Marítimos (SOMU), al ser consultada por medios sobre una supuesta incompatibilidad de funciones en su rol como interventora del sindicato y su cargo de diputada de la Nación dijo:“no hay incompatibilidad entre una tarea y otra porque no se colisionan dos poderes del estado” y agregó que “no me van sacar del camino los que estafaron a los marineros durante más de 20 años. Ni lo sueñen. No tengo ninguna duda que en caso de que se me ordenase tener que optar por seguir con la intervención o ser diputada; elegiré seguir al frente de la intervención y renunciaré a la banca del Congreso. Vamos a hacer un sindicato modelo y a terminar con la mafia que estafó por muchos años a sus propios afiliados”.
Además, González aclaró que “no cobra en concepto de sueldo ni de aguinaldo ni vacaciones. Lo único que percibe es por gastos de representación remunerativos y, en consecuencia, está dada de alta en AFIP y paga impuesto a las ganancias por ello”.
Asimismo, la interventora sostuvo que “es importante aclarar que esos gastos de representación no salen de fondos de otro poder del Estado (ejecutivo, legislativo o judicial) sino con fondos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).He tenido muchos compañeros gremialistas diputados en el Congreso de la Nación y siempre siguieron desempeñándose como secretarios generales de sus sindicatos”.
Por último, González dijo que “los denunciantes son los mismos que me amenazaron en Corrientes, los mismos que intimidaron a los abogados que designamos en Corrientes y que vienen extorsionando y amenazando a los marineros condenándolos a no subir a los barcos sino les pagaban un peaje, quitándoles su derecho al trabajo”.
GASTOS DE PRENSA Y DESIGNACIONES
Respecto a las declaraciones sobre gastos de la diputada para la contratación de uso personal, la interventora sostuvo que “en el SOMU todas las decisiones las toman los tres interventores. No hay posibilidad de pagar ni de designar a ningún empleado de manera unilateral. Todo el personal que llegó se irá cuando termine la intervención y todo lo que se paga en la intervención lleva la firma de los tres interventores”; y concluyó que “absolutamente todo lo que se hace está avalado por el juez Rodolfo Canicoba Corral que, como representante de la justicia, determina todas las designaciones”.
En ese sentido la interventora aclaró que “en el informe trimestral de la Comisión Interventora Judicial, se explicaron todos los ahorros en cada área y entre ellas el que hubo en el área de comunicación”. En ese sentido agregó que “hoy tres personas reemplazan y hacen el trabajo que antes hacían seis y el ahorro en esa área fue del 50% mensual con respecto a la anterior administración”.
“Desde la administración de la Comisión Interventora Judicial le generamos al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) un ahorro de $ 3.072.840 mensuales para su operatoria habitual, y un ahorro de $ 4.687.477,14 por errores en certificaciones de obras”, concluyó Gladys González