A PESAR QUE LA CÁMARA FEDERAL ORDENÓ FINALIZAR LA INTERVENCIÓN… EL SOMU SEGUIRÁ BAJO TUTELA FEDERAL OTROS SEIS MESES
El Juez Canicoba Corral prorrogó por 180 días más la intervención judicial en el Sindicato Marítimo SOMU
Si bien la Cámara Federal dispuso en el mes de abril que el próximo 18 de agosto debería finalizar la Intervención judicial al Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), según se desprende de la resolución dada a conocer el pasado lunes, “aún no están dadas las condiciones para llamar a un proceso electoral para que los trabajadores elijan a sus futuros dirigentes”.
Cabe recordar que la intervención al sindicato, su obra social, y diversos emprendimientos colaterales fue dispuesta por Canicoba el 16 de febrero de 2016. En esa oportunidad se designó un triunvirato interventor integrado por Gladys González, Ignacio Viola y Jorge Alonso, los dos últimos renunciaron a poco de iniciada la tarea y la ex diputada del PRO continuó la tarea hasta su designación como Presidenta de ACUMAR (ente de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo).
Posteriormente fue designado el Dr. Alfredo Bertonasco quien por una serie de incompatibilidades fue removido a pedido del tribunal de alzada. En la actualidad la intervención se encuentra a cargo de Silvio Torres, siendo que el ex interventor Bertonasco junto al Dr. Roberto Porcel se desempeñan en la actualidad como de delegados del Ministerio de Trabajo abocados al ordenamiento de los
padrones.
Entre los considerandos de la reciente resolución de magistrado interviniente se destaca que:
“No es posible entregar el sindicato a los anteriores dirigentes ya que se encuentran todos suspendidos de sus cargos, otros con mandatos vencidos, otros renunciaron y otros están procesados y otros con llamados a indagatorias; todos por cometer delitos utilizando el sindicato en perjuicio de los afiliados y en beneficio propio".
Cuatro agrupaciones internas aspiran en la actualidad a presentar listas en los futuros comicios sindicales que según el nuevo cronograma, deberían realizarse antes del 18 de Febrero de 2018. Pero la tarea de depuración de padrones implica que – al margen de estar o no sujetos a alguna causa judicial- aquellos afiliados que se encuentran desembarcados por más de seis meses pierden su condición de agremiados y por ende sus derechos a elegir y ser elegidos.
También desde la intervención se destaca que muchos ex dirigentes de la anterior conducción han iniciado demandas judiciales contra el SOMU, lo que sería –a criterio de las autoridades normalizadoras- una causa adicional de inhabilidad para presentarse en los comicios.
La Obra Social
La poderosa Obra Social del Personal Embarcado, también se encuentra intervenida desde la misma fecha, en este caso desde el primer día se encuentra en manos del Dr. Sergio Ramiro Tejada, quien reiteradamente ha denunciado que el padrón de afiliados a la misma se encontraba “inflado” con una cápita en exceso de más de 2500 personas.
Tanto interventores como afiliados coinciden en que “considerando que la especial profesión de los afiliados (navegantes) hace que no estén disponibles para
emitir el voto en un día determinado, el proceso electoral debe contar con tiempo no menor a los cuatro meses entre la presentación de listas y la entrega del gremio a las autoridades electas.
QUEJA POR PRESENCIA DE TRIPULANTES EXTRANJEROS EN AGUAS ARGENTINAS
El pasado 9 de agosto, uno de los máximos referentes del SOMU y candidato a disputar la conducción del gremio, denunció por escrito ante la intervención del SOMU, que se siguen detectando buques afectados a tareas de tráfico de cabotaje (entre puertos argentinos) tripulados por marinos extranjeros (filipinos) siendo que en la actualidad cientos de marineros locales se encuentran sin trabajo.
Una de las inquietudes de los marineros locales, es que precisamente la falta de trabajo es la que mantiene a muchos navegantes en tierra y que ello hace que a los seis meses de no tener salario, pierden la condición de afiliados y por ende sus derechos electorales.
Fuentes de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables consultadas por Infobae, expresaron que las excepciones a la “ley de cabotaje” que está otorgando esa repartición oficial, se encuentran amparadas por el régimen legal vigente.