A más de tres años del trágico naufragio del submarino ARA San Juan con el lamentable saldo de 44 marinos fallecidos, la administración de justicia en torno a las causas de la explosión y posterior hundimiento de la embarcación como así también de las medidas adoptadas en relación con el operativo SAR ( búsqueda y rescate) desarrollado durante los días posteriores a la pérdida de contacto con la nave, transita por distintos ámbitos de la justicia civil y militar.

Mientras que la Jueza Federal de Caleta Olivia tiene todo dispuesto para elevar a juicio oral al menos una de las dos causas que tramitan ante su juzgado, el Consejo de Guerra dispuesto por el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, se apresta a pronunciar el próximo 22 de marzo su sentencia respecto a las responsabilidades militares de 8 oficiales superiores y jefes de la Armada Argentina a los que se les imputan presuntas faltas graves, muy graves y gravísimas relacionadas con la zarpada, operación y hundimiento del ARA San Juan.

El tribunal militar presidido por el primo del actual Ministro de Defensa no tiene facultades penales sino disciplinarias y la máxima sanción que pueden aplicar es la destitución militar que no es otra cosa que la pérdida del grado y la separación lisa y llana de la fuerza para el o los militares que fueran encontrados culpables de la comisión de una falta gravísima como lo es el arriesgar innecesariamente a la tropa y al material que tuviera bajo su mando.

Tanto por lo inusual de la puesta en funcionamiento de este órgano de la justicia militar como por las jerarquías de algunos de los imputados - entre ellos el ex jefe de la Armada almirante Marcelo Srur- en el ámbito militar en general y en el naval en particular se aguarda con mucha expectativa el pronunciamiento del tribunal.

Comunicado del Centro Naval

En las últimas horas y sumándose a distintos editoriales y columnas de opinión que se han difundo en relación al inminente fallo, un comunicado emitido por el Centro Naval llamó la atención tanto en el ámbito político como militar si bien distintas fuentes consultadas se ocuparon de aclarar que al margen del sentido de pertenencia de la entidad, la misma es una organización civil que no guarda relación orgánica con la Armada Argentina y que como tal tiene absoluta libertad de opinión.

“En estos días los marinos están en estado de vigilia por el cercano desenlace del Consejo de Guerra de juzga a un grupo de oficiales por los sucesos ocurridos con el submarino ARA San Juan. Esto se debe a la duda que existe respecto a si se entiende o al menos comprende lo que significa ser Comandante en el Mar”. Este contundente párrafo es el inicio del comunicado de la institución y ante las distintas interpretaciones que el mismo generó, Infobae requirió la opinión de distintos especialistas en la materia.

“Lo primero que hay que dejar en claro es que no se vislumbra en el documento un cuestionamiento a la legalidad del procedimiento militar en curso. Desde 2010 momento en que se deroga el viejo Código de Justicia Militar, las eventuales responsabilidades penales devenidas del accionar del personal militar se juzgan en el ámbito de la justicia federal ( si son relativas al servicio) o en la justicia ordinaria si atañen al comportamiento personal de un miembro de las FFAA. Para ello se agregaron algunos artículos propios de la actividad militar al Código Penal de la Nación ( por ejemplo el motín) y al mismo tiempo se creó un código de disciplina para aplicar en el marco interno de las fuerzas con penas que van desde el apercibimiento a la destitución y que se aplican en forma independiente a lo que la justicia civil determine en cada caso”, resume un jurista especializado en el tema.

En forma paralela desde la Liga Naval Argentina sostienen: “Uno de los aspectos más controvertidos que tanto estas actuaciones como las que puedan desarrollarse desde la justicia federal presentan es el relacionado con la tan comentada actitud de la cadena de mandos existente por encima del Comandante del submarino Capitán de Fragata Pedro Fernández”.

Y continúan: “Al margen que nos ocupemos de una nave militar, policial o civil, es casi consuetudinario el derecho de quien ejerce el comando ( militar o civil) de un buque de obrar en determinadas circunstancias de conformidad con lo que su criterio profesional indica como más acertado para resguardar la seguridad de la nave y la tripulación a su mando. Hay dos aspectos fundamentales para distinguir y que en el presente en virtud del avance de la tecnología han variado en parte pero no en el todo. Es sencillo comprender que la absoluta libertad de criterio que detentaba un capitán a principios del siglo XX ( para no ir más atrás en el tiempo) no es la misma que la que puede ejercer en el presente contando con medios de comunicación altamente desarrollados que le permiten contactarse con sus superiores en tiempo real y en casi todo momento. No obstante lo señalado, en lo relativo al arte de navegar y la ponderación de una circunstancia imprevista o un acaecimiento de la navegación determinado, se sigue considerando que quien ejerce el mando a bordo es el más indicado para tomar decisiones y actuar en consecuencia”.

Lo anteriormente señalado viene a cuento precisamente de la tremenda responsabilidad que tienen en sus manos los miembros del tribunal militar a la hora de dilucidar por donde pasa el fiel de la balanza. Por un lado y para el caso concreto del ex comandante de la fuerza de submarinos de la Armada, capitán de navío Villamide, la fiscalía militar le imputa una falta gravísima al no ordenarle a su comandante subordinado a cargo del submarino regresar a la base naval de Mar del Plata navegando en superficie. La tesis defensiva por su parte sostiene que si el imputado es encontrado culpable por haber dejado que el capitán Fernández cumpla la orden de regresar eligiendo por sí mismo la mejor manera de hacerlo se pondrá en colapso a la totalidad de la Armada ya que los comandantes de las distintas unidades navales verían severamente alteradas las reglas de juego con la que operan desde que la fuerza existe.

“Imaginemos que el submarino hubiera regresado a puerto navegando en superficie, que hubiera arribado a salvo pero que por acción del fuerte temporal un tripulante hubiera fallecido. ¿Quién sería el responsable de esa potencial única muerte? Villamide por torcer la voluntad de su subordinado o ¿Fernández por haberse apartado de la buena practica marinera que indica que un submarino es más estable en profundidad que en superficie?” El planteo efectuado por un marino de experiencia parece no tener una respuesta sencilla.

El documento del Centro Naval dedica algún párrafo a destacar el concepto indisoluble que existe entre buque, tripulación y comandante, sosteniendo que la confianza que los tripulantes dispensan a su nave y a quien la comanda es correspondida por la que el comandante siente por su tripulación y la nave. “Si esta ecuación no se cumple, la navegación no es posible”. Sostienen.

Fuentes del Estado Mayor Conjunto consultadas por Infobae manifestaron que la oportunidad y tenor del documento no pasa desapercibido y que habían procedido a su lectura con atención. Otras fuentes del mismo ámbito sostuvieron que el tribunal está actuando con absoluta libertad y que no existen presiones políticas en torno a la sentencia al tiempo que reconocen que la situación bajo análisis es compleja precisamente por ser el ámbito naval un medio desconocido para todos aquellos que no han experimentado el ejercicio del mando a bordo de un buque o submarino.

Algunos trascendidos indican por estas horas que la pena máxima ( destitución) sería aplicada a tres de los imputados mientras que para el resto las penalidades serán sensiblemente menores. Además los consultados recordaron que si bien el fallo puede ser apelado por los imputados por ante la justicia en lo contencioso administrativo, las penas que se dispongan son de cumplimiento inmediato por lo cual una eventual destitución dejará ipso facto sin estado militar a aquellos a quienes se le aplique.

Infobae consultó al Ministerio de Defensa sobre las repercusiones del comunicado del Centro Naval pero hasta el momento el mismo no ha merecido respuesta por parte de las autoridades de la cartera.

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FUENTE INFOBAE