Presentan una denuncia penal contra el subsecretario de Puertos

El gobierno saliente será recordado por muchas cosas, entre ellas, la liviandad con que bastardeó un concepto que en la Argentina es ley: la ética pública, como garantía y obligación de practicar la transparencia y la idoneidad en el ejercicio de la función pública.

La Justicia tendrá mucho trabajo a partir de ahora. En estos días, entre los oficios que se irán acumulando y sorteando, deberá también decidir sobre una denuncia penal presentada el 5 de este mes contra el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, el empresario naval dueño del astillero Servicios Portuarios Integrados, SPI, Horacio Tettamanti.

Al margen del recorrido judicial de este planteo, racional sería que Daniel Scioli, candidato en contienda, evalúe si en su futuro eventual gabinete decide refrendar en el cargo a un funcionario investigado. De eso deberá, o no, preocuparse a partir del lunes 23. Hay tiempo, pero no mucho.

Tres años y medio después de su designación recae sobre Tettamanti una denuncia penal para que se investigue inconsistencias y violación a la ley de ética pública, la ley 25.188.

Sucede que el astillero de Tettamanti es permisionario del puerto de Mar del Plata. La autoridad de aplicación de los puertos en el país (al menos hasta el 10 de diciembre, porque difícilmente renuncie a su cargo antes) es el dueño del astillero, Tettamanti, por ejercer el cargo de subsecretario de la cartera que vela por los puertos públicos.

Deberá la Justicia ver si el hecho de no estar en los papeles como titular alcanza para poder ocupar un cargo, muy a pesar de que la realidad demuestre que sigue siendo el propietario y que empleados suyos visitan, e incluso se los ve trabajar, en la subsecretaría.

También deberá ser sutil el investigador al priorizar la subjetividad de estar ante un "luchador incansable de la causa" que desinteresadamente abandona a su suerte la actividad privada para pelear contra un invasor fantasioso, o si objetivamente toma nota del más elemental conflicto de intereses, y una serie de indicios que van desde contrataciones más caras, nombramientos discrecionales, ejercicio de presión para trabajos en los espigones de su interés en el puerto marplatense fuera de los contratos licitatorios y consultorías reñidas con los procedimientos administrativos.

La sociedad deberá reflexionar sobre su umbral de tolerancia, enjuagarse de la modorra silenciosa y reclamarle a la justicia la ejecución de sus valores esenciales, que se acercan más a la voluntad de enmendar y sentar el ejemplo que a la politizada turbulencia de los últimos tiempos.