Destacamos el compromiso de un joven argentino, con una causa no siempre tenida en cuenta con la importancia que se merece.
Agradecemos al GEIC y al autor por autorizar la publicación.
Hacia una política integral argentina por Malvinas
En los últimos años Argentina cambió su política en relación a la cuestión de Malvinas. La articulación de las esferas del derecho, la política, la ciencia y la defensa es la clave para avanzar sobre el reclamo de soberanía.
La República Argentina ejerce el derecho de protesta diplomática desde la usurpación colonial británica de las islas Malvinas en 1833. Año a año y sin interrupciones, a pesar de los bruscos cambios de gobierno y de sistema, nuestro país elevó la consabida nota formal al Reino Unido reclamando por los derechos soberanos lesionados.
Sin embargo, durante mucho tiempo esa política de estado no estuvo acompañada de ninguna medida proactiva que la sustente y le confiera mayor entidad al reclamo.
Cuando se intentaron políticas con iniciativas concretas, las mismas se constituyeron sobre áreas de administración aisladas. Es decir que, o bien las medidas provenían del Ejecutivo, de Cancillería o de las Fuerzas Armadas, pero nunca de una articulación de estos o más sectores de la vida institucional argentina.
En los últimos años, no obstante, se ha creado un marco proclive a cambiar este paradigma deficiente. Un caso testigo es que, desde la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación en 2003 se viene dejando de lado, de manera gradual pero continua, la teoría del “paraguas de soberanía”.
Esta última política, diseñada durante el gobierno de Carlos Menem, consistía en “congelar” los reclamos de soberanía tanto de Argentina como del Reino Unido con respecto a Malvinas e islas del Atlántico Sur, eligiendo en cambio el camino de la cooperación bilateral en áreas sensibles como la pesca, vuelos e hidrocarburos.
A pesar de la novedad del enfoque argentino, en la práctica la política del paraguas de soberanía no sólo no lograba la concreción de acuerdos provechosos para la Argentina sino que además constituyó un serio riesgo para la posición jurídica del país, al otorgarle voz y entidad a los isleños. Esto último era un efecto indeseado de la llamada “política de seducción” implementada por el entonces canciller Guido Di Tella, cuyo objetivo era granjearse el apoyo o al menos la simpatía de los kelpers.
La conjunción de las políticas del paraguas de soberanía y de seducción finalmente demostraron ser no solo ineficaces sino contraproducentes, dado el nivel de autonomía relativa que iban ganando los apenas 3000 habitantes de Malvinas. Dicho accionar provino directamente del Poder Ejecutivo, obnubilado por la teoría económica imperante en la década del ’90, el neoliberalismo.
En los primeros años del siglo XXI, sin embargo, la política volvió a tener un rol director en toda América Latina, por encima de las teorías económicas. Es así como de manera pausada, a veces tímida, se empieza a cambiar el enfoque argentino hacia Malvinas.
La República Argentina se inclinó por renovar su perfil juridicista en cuanto al reclamo de soberanía por las islas, multiplicando su esfuerzo en una gran cantidad de foros multilaterales en pos de lograr adhesiones a la postura de solicitar al Reino Unido que acepte dialogar por la soberanía, tal como encomienda la Organización de Naciones Unidas.
En este marco de acción, Argentina ha dado prioridad desde comienzos del siglo XXI a estrechar los lazos con la región, alejándose del paradigma de los ’90 que privilegiaba la relación “carnal” con Estados Unidos y de la búsqueda de un supuesto destino (nor)occidental que relegaba a un mero segundo plano las relaciones con los Estados latinoamericanos.
Fruto de esta política latinoamericanista son las resoluciones de UNASUR, ALBA y MERCOSUR en defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas e islas usurpadas del Atlántico Sur, siendo el mayor éxito el impedir que buques con pabellón de Malvinas amarren en puertos sudamericanos así como de aquellas naves de guerra de cualquier bandera que se dirijan hacia la zona en litigio.
En cuanto al plano de seguridad marítima, el Estado argentino comenzó hacia 2007 a ejercer un mayor poder de policía en la Zona Económica Exclusiva y más allá, mediante el patrullaje constante de la Armada, Prefectura y Fuerza Aérea sobre la denominada “milla 201”, con el objetivo de controlar la depredación de los recursos pesqueros a manos de embarcaciones extranjeras[1].
Un aporte novedoso a la postura argentina se perfiló a partir de junio de 2010, cuando el por entonces recién asumido Canciller, Héctor Timerman, expuso ante el Comité de Descolonización de la ONU el peligro ecológico que conlleva la presencia británica en el Atlántico Sur, debido al inicio de las tareas de exploración hidrocarburífera en plataformas off shore frente a las costas de las Malvinas. Durante su alocución, Timerman trazó un paralelo con el desastre medioambiental desatado por la British Petroleum en el Golfo de México, poniendo en duda la calidad de los estándares de seguridad de las empresas británicas cuando operan en el extranjero.
Todas estas medidas de gobierno representan a las claras una posición más proactiva y decidida a acompañar el clásico reclamo formal-anual de Cancillería. Sin embargo, puede argumentarse que sigue sin lograrse una unidad cohesionada y lo suficientemente madura como para lograr llevar a una mesa de negociación internacional a una potencia naval, económica (a pesar de la profunda crisis) y diplomática como lo es el Reino Unido.
En ese sentido, bien puede proponerse algo similar a lo que sostiene Juan Recce, esto es, basar la estrategia argentina en un marco científico-técnico que abogue por el estudio de la diversidad biológica, los recursos mineros sumergidos en la plataforma continental y los recursos hidrocarburíferos[2]. Todo ello debidamente articulado con una Marina y una Fuerza Aérea profesionalizadas y con tecnología de punta[3].
Desde el punto de vista de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, podemos afirmar que en los últimos tres años, dado el alto nivel de confrontación pública-mediática proveniente desde el Reino Unido, se ha logrado un acercamiento inter-partidario mas que importante.
Las declaraciones del Primer Ministro conservador David Cameron en las cuales acusaba a la Argentina de ser “colonialista” y consideraba que Gran Bretaña no se sentaría a negociar y eso sería un “punto, final de la historia”, lograron articular al oficialismo y la oposición en un solo cuerpo con connotaciones de súbito anti-imperialismo en ambas cámaras del Congreso nacional.
Hasta aquí se han mencionado las variables diplomáticas, políticas, científicas y de defensa. Las mismas deben integrarse en un solo cuerpo multidisciplinario, articuladas en torno a una mesa de negociación nacional (à la Robert Putnam) en el que se integre a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a la Cancillería, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a expertos de la comunidad académica.
Una última instancia que todavía está por nacer es la difusión de una política marítima que concientice a la población y a los dirigentes acerca de la importancia de poseer un vasto frente costero que linda con el Atlántico Sur, océano consagrado como “mar de paz” desnuclearizado y que se perfila como una plataforma ideal de acceso a la Antártida, patrimonio científico de la Humanidad que ostenta una larga tradición y presencia argentina.
El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales y columnista de GEIC.
[1] Resolución Nro. 8/2007 del Consejo Federal Pesquero, República Argentina. Disponible en:http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/135275/norma.htm
[2] “La batalla del conocimiento”, Juan Recce, Diario Página 12, Viernes 27 de Enero de 2012, pág. 8.
[3] “Del ‘destructor’ inglés a los ‘constructores’ argentinos”, Juan Recce, Diario Página 12, Miércoles 8 de Febrero de 2012.
