En plena etapa de racionalización administrativa y aumento de la competitividad, 11 agencias aéreas se reparten la autoridad en el aire, mientras que el Ministerio de Defensa se muestra más interesado en poner orden que el que atiende las cuestiones del transporte a nivel nacional.

El pasado fin de semana durante algunas horas la siempre vibrante realidad nacional cedió el protagonismo a un incidente aéreo que, si bien no tuvo consecuencias, podría haber mutado a tragedia aérea según los dichos del piloto que este portal entrevistó minutos después del hecho.

La noticia resumida indicaba que, a las 9.25 horas del sábado, un Boeing 737 procedente de Trelew colisionó contra un drone que algún irresponsable levantó justo frente a la cabecera de la pista de aterrizaje del Aeroparque metropolitano.

El hecho de que el impacto fuera en el fuselaje de la nave evitó que el simpático aparatito no fuera absorbido por una de las turbinas de la aeronave, lo que en la crítica etapa del aterrizaje hubiera producido una desestabilización del avión con impredecibles consecuencias.

Tal como pasa en el resto del mundo, los vehículos aéreos no tripulados (VANT) se multiplican a una velocidad asombrosa, y su uso abarca no sólo el tradicional objeto de tomar imágenes aéreas, sino además seguridad, fumigación, vigilancia, sanidad, peritajes, y muchas otras. Pero no vamos a hablar de drones, sino, una vez más, del gran desfasaje entre una norma legal y la realidad de la actividad que esa norma pretende regular.

Cada tanto me permito recordar cómo fue que en el colegio nos enseñaron a diferenciar las distintas especies del ganado ovino, a conocer las bondades climáticas de la pampa húmeda y las inconmensurables alturas de la Cordillera de los Andes. Nada, en cambio, aprendimos de los mares y ahora que me doy cuenta mucho menos de nuestro cielo. ¿Cuál es el espacio aéreo nacional? ¿En qué punto comienza y hasta dónde se eleva? ¿Hay soberanía aérea sobre nuestro mar continental? Las respuestas a estos interrogantes están reservadas obviamente a los especialistas.

Pero hay otras más sencillas y que lo tocan a usted a mí y a todos los que forman parte del universo de los aviones, y no me refiero sólo a los que viajan en ellos, sino además a quienes son sobrevolados por miles de aeronaves cada día.

En el constante afán nacional por complicar las cosas, el país no cuenta con una autoridad aeronáutica única. Por el contrario, 11 agencias entre oficiales, privadas y mixtas se disputan la supremacía en el aire. Abolida la exclusividad castrense de la Fuerza Aérea Argentina en la materia, a lo largo del tiempo fueron naciendo la ANAC, la EANA, el ORSNA, la PAN, Aeropuertos Argentina 2000, la Junta de Accidentes, el sistema nacional de vigilancia aeroespacial y algunas otras más que omito detallar.

Miles y miles de personas ocupan cargos en cada uno de estos organismos, justo en momentos en que el Poder Ejecutivo Nacional se desvela por "aumentar la competitividad" y "reducir costos". Los pilotos se quejan de que en el modesto aeropuerto internacional de San Fernando existen cinco jefes con funciones paralelas y que, ante el menor incidente, hay que rendir cuentas a los cinco en forma separada para asegurarse de no violentar ninguna de las muchas normas superpuestas o enfrentadas.

Hace 50 años, cuando sabiamente el país legisló un Código Aeronáutico, no había drones, claro está. Tampoco había pasajes electrónicos, ni procesos digitales de remisión de documentación de vuelo, ni escaneo de equipajes, ni simuladores de vuelo de realidad virtual. Tampoco había terrorismo aéreo ni tantas otras cosas que el mero paso del tiempo y el avance tecnológico aportaron a esta actividad.

Medio siglo puede ser una gota de agua en el océano de la historia universal, pero es una enormidad de tiempo para reformular una norma que atiende esencialmente a una actividad de neto corte tecnológico. Y no solamente hablamos de aviones y pilotos, los derechos en caso de pérdida de equipaje y hasta el impacto ambiental por el ruido de las turbinas deben estar legislados conforme a los tiempos que corren.

Pues bien, para romper la tradicional "pachorra" nacional, el Ministerio de Defensa parece decidido a impulsar el tratamiento legislativo de una nueva herramienta legal que deje de hablar de cosas de las que el mundo ya no habla y comience a atender la realidad de un mundo que en pocos años más tendrá sobre los aires a vehículos de pasajeros y carga sin tripulación a los que casualmente podríamos llamar grandes drones.

En este punto del relato, usted debería estar frunciendo el ceño y preguntándose: "¿Qué dice este hombre? ¿Por qué el Ministerio de Defensa tiene que meter sus narices en un tema que tiene que ver mayoritariamente con el transporte civil de personas y cargas?". Es que, aunque parezca mentira, en esta Argentina de 22 ministerios, con una Dirección Nacional de Bicisendas, una de tránsito de peatones y otra más de transporte a pedal, nadie en el Ministerio de Transportes de la Nación, ni ahora ni antes, parece estar interesado en el tema. Tal vez porque, al igual que lo que sucede en las profundidades marinas, lo que pasa en los cielos queda lejos de la atenta mirada de la opinión pública. Salvo cuando pasa algo, claro está.

Con poca difusión, por no decir nula, hace pocos días los mayores especialistas aeronáuticos civiles y militares del país se reunieron en la Universidad de la Defensa para sentar las bases del nuevo Código Aeronáutico. De hecho, por iniciativa del diputado nacional Pablo Tonelli ya hay un proyecto ingresado para su tratamiento parlamentario. El pequeño incidente que comenté al principio de la columna sirvió para insuflar energía adicional a los expositores que, una y otra vez, alertaron sobre la necesidad de actualizar la legislación aérea del país.

La reflexión que quisiera acercar excede el estricto marco de lo aeronáutico. Se refiere más bien al persistente atraso que a nivel normativo sufrimos consuetudinariamente como país. Los drones son novedosos, pero los cercos perimetrales eléctricos llevan años de pulular en nuestras calles y no hay una norma que los regule. Avanzamos a pasos agigantados en cuestiones de género, de matrimonio igualitario y tantas otras muy loables iniciativas, pero venimos con lentitud en todo lo que hace al desarrollo cotidiano de muchas actividades esenciales para transformarnos en ese país moderno y eficiente que tan acertadamente pretenden nuestros actuales gobernantes.

Si no logramos transformar la declamación en acción y si no somos capaces de hacer que nuestros políticos piensen no sólo en aquellos actos que les permiten sacarse una selfie con algún obrero convocado para la ocasión, seguiremos teniendo modernos metrobuses circulando sobre vetustas cañerías, cables eléctricos y cañerías de gas. Cuando José Ortega y Gasset nos recomendó: "Argentinos, a las cosas", seguramente se refirió a todas las cosas y no sólo a las que sirven para una campaña, una foto o un voto.