El 19 de noviembre en circunstancias en las que el remolcador de empuje de bandera argentina Piray Guazú se encontraba al frente de un tren de barcazas destinadas al transporte de cargas entre los puertos paraguayos de Asunción y Pilar y el puerto argentino de Santa Fe. La Prefectura Naval del país vecino emitió una resolución mediante la cual se impidió la carga de la mercadería al tiempo que se interdicto al buque y se restringió la libertad de los 10 miembros de la tripulación.

La medida causó extrañeza e indignación en la cancillería argentina, ya que la nave había sido contratada por una firma paraguaya en virtud del bajo nivel de las aguas en el río Paraguay y considerando que la nave local es apta para navegar con poca profundidad.

El argumento de la fuerza militar y policial de Paraguay (es la propia armada la que oficia de policía marítima) para proceder al extremadamente hostil acto, se basó en una aparente violación por parte de los cargadores de la llamada “Ley de Reserva de Cargas”, instrumento legal mediante el cual Paraguay se reserva el derecho de transportar en buques de esa bandera la totalidad de las cargas de exportación e importación. Tal es así que una carga depositada en el puerto de Buenos Aires y que tenga como destino Paraguay, debe ser recogida por barcos paraguayos, estando vedado a los buques nacionales participar de ese transporte.

Desde la cancillería argentina se aclaró que si bien la ley está vigente, nuestro país hace años eliminó una norma similar, por lo cual barcos y barcazas paraguayos cargan y descargan mercaderías procedentes o destinadas a puertos argentinos sin ninguna restricción, existiendo además protocolos de reciprocidad que al parecer Paraguay no contempla.

Los gremios de trabajadores marítimos argentinos no han quedado fuera de la disputa y han avisado que de no terminarse con este tipo de agresiones y desigualdades, comenzarán a ejecutar medidas de acción directa contra la operación de naves guaraníes en aguas argentinas.

La propia cancillería de Paraguay intentó este jueves bajar los decibeles a la disputa dejando filtrar una información que indica que la Prefectura Naval Paraguaya obró presionada por el Centro de Armadores Paraguayo sin atender que la operación de la nave argentina estaba autorizado por la Secretaria de Marina Mercante de Paraguay

El Ministerio de Transporte argentino también intervino en el asunto y para este viernes están previstas una serie de reuniones entre representantes locales y del Paraguay para intentar llegar a un acuerdo el que –de no producirse- abrirá otro frente de tormenta entre Argentina y su socio estratégico en el Mercosur y en la Hidrovía. Hay antecedentes de un enorme bloqueo fluvial producido por gremialistas argentinos durante 2013 y 2014 con el guiño del gobierno nacional y siempre en virtud de las profundas inequidades que rigen el transporte de mercaderías en la Hidrovía.

POR FERNANDO MORALES