Cuando a principios de febrero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la intervenciòn del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se marcó un hito en la historia gremial argentina. No se registraban antecedentes de una intervención conjunta (judicial y política) en una entidad gremial dispuesta por la justicia federal y que deviniera en el apartamiento de la totalidad de sus órganos de conducción y control. 
Además de su obra social, una fundación y una compleja red de emprendimientos comerciales relacionados en forma directa o indirecta con el hoy procesado ex secretario general Enrique Omar Suárez.


 
Suárez fue denunciado por empresarios navieros, acusado de "Entorpecimiento de las vías navegables", a su vez un grupo del ex colaboradores del "Caballo" en la conducción  del SOMU que habían sido expulsados por una asamblea en 2015, se presentaron en tribunales aportando información contra el gremialista y formulando otra serie de denuncias, que por ahora no han prosperado y que según versiones que circulan en los corrillos gremiales habrían determinado que los denunciantes hayan sido procesados por falso testimonio.



 
Así como en los casos que tuvieron como protagonistas a los sindicalistas Pedrazza (Ferroviarios) y Zanolla (Bancarios) ambos fueron detenidos mientras los gremios que encabezaban siguieron funcionando normalmente. Canicoba Corral entendió que el SOMU debía ser puesto bajo control judicial en forma integral, pues toda la estructura directiva parecía estar involucrada en una indeterminada cantidad de ilícitos. Si bien la intervención fue vista en principio con alegría por sectores empresarios y con indeferencia en el mundo gremial, a más 
de 6 meses de iniciada, desde peleas internas entre el triunvirato interventor hasta denuncias penales promovidas desde el corazón del PRO de Avellaneda contra la interventora Gladys González, fueron colmando la 
paciencia de propios y extraños llevando al SOMU a su actual estado de crisis casi terminal.



 
"No le gusta que la contraríen"
Hace un par de semanas atrás en diálogo con un medio radial el ahora ex interventor Dr. Santiago Viola explicó los motivos por los que el otro miembro de la junta inicialmente designada por Canicoba decidieran marcharse "Era muy dificil trabajar con González" es el concepto que más veces reiteró el letrado.  Asimismo declaró "claro que 
cobrábamos sueldo, el juez nos ordenó fijarnos un salario equivalente al que cobraba Suárez". Esta afirmación contraría las confusas declaraciones que la hoy interventora efectuó en el programa radial de Jorge Lanata, en aquel momento la legisladora había negado terminantemente percibir otra cosa que no fuera viáticos.  La posterior aparición de su recibo de haberes dio por tierra con la narración de la legisladora del bloque de 
Cambiemos.



 
Ya sola a cargo de una tarea tan compleja, González se dedicó a una suerte de cacería de brujas interna, despidió a buena parte del personal administrativo del sindicato y montó una compleja estructura de prensa pagada con fondos del SOMU para difundir su tarea. Esta acción determinó que investigaciones que debían estar sólo en conocimiento del juez llegaran primero a los medios. El fastidio judicial se hizo sentir cuando se le ordenó cesar su raid mediático.
 



En forma simultánea los afiliados a la entidad gremial comenzaron a reclamar por la falta de atención de las cuestiones más elementales que tiene a su cargo un gremio como el SOMU. El navegante necesita permanente soporte de su entidad gremial ya que por la naturaleza de su profesión pasa mucho tiempo fuera de su casa. Pero la intervención desarmó todos los mecanismos de contención, no quedaron marinos para interactuar y solucionar los múltiples problemas que presentan a diario los trabajadores.
 



De la misma manera ante la falta de estructuras de diálogo, las empresas navieras comenzaron a contratar personal en forma directa sin pasar por la bolsa de trabajo de la entidad, la que (al menos en teoría) trata de 
repartir el trabajo entre los afiliados de manera que estos no permanezcan más de tres meses sin trabajo con la consiguiente pérdida de la cobertura social y médica.



 
Por otra parte, la falta de liderazgo gremial reavivó las internas entre distintas facciones del sindicato, lo que elevó los niveles de enfrentamiento a bordo de los buques de la marina mercante a límites peligrosos. La situación estalló cuando la diputada González (única interventora que permanece en funciones) sugirió en forma oficiosa que la intervención podría durar de dos a cuatro años.



 
Así las cosas y de manera totalmente inorgánica, los afiliados comenzaron a organizar planes de lucha que comenzaron a exteriorizarse en el día de la fecha con una marcha de más de 500 afiliados al ministerio de trabajo y posteriormente a tribunales a exigir la devolución del gremio más allá de la situación procesal de Suárez y sus 
coprocesados. De la misma forma tienen previsto acampar frente a la sede central de la calle Perú al 1600 y comenzar a decretar medidas de fuerza en reclamo de la pronta normalización gremial.



 
En forma concurrente desde el exterior tanto la ITF (Federación Internacional de Trabajadores del Transporte) como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) han hecho llegar su preocupación por la incertidumbre institucional en el SOMU.
 
Rápido de reflejos y puesto en conocimiento del aumento del nivel del reclamo, Canicoba corral dió a conocer el pasado lunes una disposición en la que acota a 180 días hábiles a partir del 24 de agosto pasado la tarea de la diputada interventora. Resta saber ahora si la justicia laboral convalidará la restitución en sus cargos de todos los directivos del sindicato que no han sido procesados por la justicia pero conformaban la conducción de Omar Suárez. O si determinará un nuevo llamado a elecciones (algo que en lo que su fuero parecería no tener injerencia) de llamarse a un comicio. Los tiempos urgen ya que al lapso temporal necesario para la presentación de avales y candidatos hay que sumarle al menos 4 meses de comicio para posibilitar que el personal navegante regrese a tierra y pueda sufragar. Suárez en tanto sigue gozando de libertad y la cosecha de delitos declamada por la interventora en los medio , terminó resultando bastante más magra de lo esperado.