Severas acusaciones contra la interventora en el Somu Gladys González, dirigentes de agrupaciones internas denuncian que pretende manejar las futuras elecciones en la entidad gremial.

El fin de año se avecina complicado puertas adentro del Sindicato Obreros Marítimos Unidos. La entidad gremial intervenida desde el 18 de febrero pasado por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, se encuentra en un estado de parálisis en lo que hace a la defensa de los derechos de los afiliados, no participa en la actualidad en ninguna de las actividades propias de confederaciones sectoriales como la CATT, tampoco en las internacionales como la ITF, no ha discutido paritarias y por sobre todo por la simple inacción de la intervención se han perdido en menos de un año más de 2500 puestos de trabajo.

La intervención compuesta en principio por González, junto al hoy abogado defensor de la familia Báez Ignacio Viola y el veedor del ministerio de Trabajo José Alonso, tuvo una crisis a mitad de año por los manejos discrecionales de fondos, mora en el pago de las cuentas de la entidad y falta de diálogo que en general caracterizó a la diputada nacional del Pro e interventora al mismo tiempo.

Viola y Alonso, presentaron un duro informe a Canicoba y se alejaron de la tarea, quedando como única referente frente al sindicato Gladys González. Hubo varias impugnaciones sobre su supuesto “doble empleo” ya que al mismo tiempo de ocupar un cargo en poder legislativo cumple funciones a órdenes del poder Judicial. Asimismo si bien González siempre declaró no percibir sueldo por su tarea, sus ex compañeros de intervención se ocuparon de difundir los recibos de sueldo no sólo de ellos mismos sino de la actual interventora. El salario de González asciende a $ 59.000 al mes, en forma adicional a su dieta legislativa.

Al margen de estas rencillas internas, a fines de agosto del corriente año el propio Canicoba por pedido de la Cámara Federal, acotó el mandato de González a 180 días ordenando normalizar el gremio, algo que debería ocurrir en el mes de febrero pero que hasta el momento no parece haber calado en el espíritu de la legisladora.

Estos y otros conceptos son los que en dialogo con Infobae manifiestan dirigentes de una de las tres principales agrupaciones internas que aspirar a competir por la conducción del SOMU.

Tanto la “Juan Ocampo” integrada por los ex subordinados de Omar Suárez que detentan a la vez la condición de denunciantes e investigados por los mismos delitos de los que se acusa al ex secretario general, como la “2 de abril” compuesta por leales a Suárez y la 18 de Febrero, esperan con ansias que González comience a cumplir lo que ya por segunda vez la justicia le ordena. Normalizar el sindicato.

Para que esta tarea se pueda cumplir conforme a derecho, habría que nombrar un delegado normalizador, convocar a la junta electoral, normalizar el padrón de votantes y tener en cuenta que dada la especial actividad (marinos mercantes que pasan mucho tiempo en alta mar) el acto comicial puede durar varios meses a efectos de dar la posibilidad a ejercer el derecho a votar a la mayor cantidad posible de afiliados.

Pero según datos que aportan dirigentes gremiales de Corrientes y otras localidades ribereñas, la interventora se ha manifestado abiertamente en apoyo a una línea interna en particular, y está comenzando a realizar actos que califican de “proselitistas” utilizando fondos del gremio en forma irregular y sin mandato judicial.

Concretamente la intervención dispuso la compra de 10.000 cajas navideñas a un costo de $ 300 cada una ($ 3.000.000) las que en muchos casos son repartidas entre los afiliados por miembros de una de las corrientes internas e incluso aportan los volantes que son introducidas en las cajas por los militantes de una facción.

Juan, un dirigente de peso en el SOMU de Corrientes indica “La intervención no puede disponer de los fondos del gremio a su antojo. Si el gremio estuviera normalizado, el Secretario General no puede hacer un gasto de esta magnitud sin la aprobación de la comisión directiva, lo que hace esta señora es ilegal”.

Otro gasto fuertemente cuestionado, se origina en los abultados sueldos que G. González fijó para sus colaboradores incluido una espectacular estructura de prensa, destinada no a la comunicación interna  sino a difundir en los medios nacionales la labor de la intervención a la hora de denunciar los supuestos delitos de Omar Suárez. “Ella debe reportar al juez no a los medios, esto es una entidad privada no es un ministerio y los fondos que usa para ello ($2.000.000 al mes) provienen de nuestros aportes y nadie nos consulta si estamos de acuerdo” indican los marineros que día tras día esperan en la puerta de la sede de Perú 1668 que alguien se digne a atenderlos y les “tire” algún embarco.

Mientras tanto, a nivel internacional la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) ha denunciado ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) la demora en normalizar el SOMU; ello sin hacer referencia alguna a la situación personal del ex secretario general Omar Suárez, asimismo en el último congreso internacional realizado a principios de diciembre en la Habana (Cuba) la federación internacional dio por válido el mandato del secretario adjunto de Suárez, Mario Morato y lo ungió como Vicepresidente regional de ITF. Este hecho supone un duro revés para la gestión de González ya que ahora uno de sus “sospechosos” detenta la representación de todos los marinos mercantes argentinos (son 10 gremios además del SOMU) a nivel nacional. Morato ejercerá también representación de sindicatos de toda Latinoamérica.

La Obra Social 

No menos angustiante es la situación de los trabajadores respecto al manejo de la Obra Social. La falta de trabajo continuo hace que aquellos marineros que están más de tres meses sin conseguir un embarque, pierden la cobertura en forma automática al margen que estén en tratamiento médico o que incluso sus mujeres estén por dar a luz. “En épocas de Suárez esto se manejaba mediante un sistema que hacía que los compañeros fueran rotando para que ninguno quede sin trabajo, pero ahora la intervención dice que eso era algo irregular y ya no se hace” alega angustiada María del Carmen una “marinera” que cursa el sexto mes de embarazo y no tiene cobertura.

Si la incertidumbre sobre el sindicato es importante, en lo que respecta a la obra social es mucho mayor ya que además de la falta de respuesta a los distintos reclamos, los trabajadores marítimos tienen otro motivo de preocupación, el interventor es nada más ni nada menos que el cuñado de Juez Canicoba Corral.  Todo un mensaje.