Cuando han pasado largamente los tres meses de la desaparición del Submarino ARA “San Juan” se está a mitad de camino para que la justicia civil quede facultada para decretar la presunción de fallecimiento de los 44 tripulantes de la infortunada nave, sobre la que aún se ignora su destino final.

Especialistas en la materia consultados por MARINA DIGITAL, indicaron que hasta que no se llegue a los seis meses del último contacto, resulta imposible considerarlos fallecidos, siendo que el estatus jurídico de los marinos que tripulaban la nave es de “desaparecidos”. Una condición que por su sola implicancia histórica es muy fuerte para nuestra sociedad, pero que además coloca a los familiares de las víctimas en una suerte de limbo en el cual no pueden iniciar ningún trámite sucesorio o de reclamación de derechos.

En este caso en particular el poder político ordenó a la Armada seguir liquidando salarios como si los marinos estuvieran vivos y en actividad. Hasta que una vez alcanzado el plazo legal, serán considerados fallecidos y se procederá a liquidar las pensiones miliares correspondientes a aquellos que tengan sucesores con derechos. Quienes hubieran sido solteros y sin hijos, dejarán de percibir haberes y nadie podrá reclamar una pensión, aseguran a nuestro medio.

Como todo trabajador del Estado, los marinos cuentan con un seguro de vida obligatorio que ronda los $ 50.000.-  no habiendo sido su deceso producto de una acción de guerra (Tal el caso de los muertos durante el conflicto de Malvinas) no existe en la legislación militar, ningún otro haber compensatorio o indemnizatorio previsto. Es muy probable que se proceda al ascenso post mortem de los 44 tripulantes, con lo cual el haber de las pensiones militares podría ser ligeramente superior, pero no más que eso aseguran desde el IAF. (Instituto de ayuda financiera para el pago de retiros y pensiones militares).

No obstante, será fundamental la conclusión a la que arribe la justicia en cuanto a los motivos del siniestro naval más grande de la historia militar argentina en tiempo de paz. Si como consecuencia de los testimonios y documentación obrante en la causa, se determinara que el “San Juan” se hizo a la mar sin estar en condiciones técnicas para hacerlo, la Armada es decir el Estado Nacional, será pasible de afrontar millonarios reclamos en concepto de responsabilidad civil.

En el presente la justicia cuenta, con un lapidario informe realizado por el ex Inspector General de la Armada, Contraalmirante Lezana, ratificado  por el actual Inspector Contraalmirante Pérez Bacchi, que daba cuenta del pésimo estado de la unidad. A este documento se suma un informe del propio comandante de la nave al momento del siniestro Capitán de Fragata Fernández, que en un extenso punteo destaca en forma clara que la nave había cumplido 45 meses sin ser inspeccionada fuera del agua, cuando el fabricante del submarino indicaba hacerlo cada 18.

No es menos cierto que horas antes de zapar, el mismo Fernández expidió un documento que daba cuenta de la aptitud general de la nave para emprender la travesía. En este aspecto el vocero de la fuerza, reiteradamente explicó que muchos de los pendientes reclamados por el Inspector General y por el propio comandante, habían sido solucionados. Aunque nada se aclaró respecto a la excesiva mora en poner el buque en revisión fuera del agua.

Para complicar aún más las cosas, mientras que los partes oficiales indicaban que el “San Juan” se encontraba en “perfectas condiciones”, el ex Jefe de Estado Mayor de la marina, Almirante Marcelo Srur, iniciaba sumarios a varios altos jefes navales por “Arriesgar innecesariamente la vida de la tropa”.

Por estas horas el Ministerio de Defensa, dispuso dejar sin efecto la medida adoptada por Srur, pero lo cierto es que ninguno de los imputados por el ex jefe naval, ha sido retornado al servicio activo. Es más, la nueva cúpula de la Armada ya ha sido designada e incluso un par de Almirantes que habían pedido el retiro en apoyo de los sumariados por Srur, han sido ahora ascendidos al grado de Vicealmirante, y permanecen en servicio activo.

Uno de los querellantes en la causa, manifestó a este medio que se percibe cierto aletargamiento por parte de la justicia, pero que serán las querellas las que muevan el expediente a efectos que en forma rápida se tenga al menos una carátula concreta. Por ahora la investigación judicial habla de “averiguación de ilícito” mientras que cada vez más voces reclaman su cambio  a la figura de “estrago doloso”. Por ahora la Jueza Yañez sólo tiene previsto continuar con las declaraciones testimoniales no siendo aún tiempo de indagatorias.