Atrás quedaron las incontables marchas y contramarchas que sufrió el proceso licitatorio para contratar a la compañía internacional que asumirá la compleja tarea de dar con los restos del malogrado submarino ARA San Juan.

En el camino quedaron empresas "flojas de papeles", otras sin antecedentes en búsquedas submarinas y firmas sin solvencia financiera para encarar los trabajos.

Finalmente, "Ocean Infinity" ganó la compulsa bajo la particular condición de "No cure no pay". Es decir: si no encuentra al submarino no cobra un peso. Por el contrario, si lo halla reembolsará USD 7.500.000.

Según el cronograma tentativo de la empresa, durante los primeros días del mes de septiembre arribará al Puerto de Mar del Plata un buque logístico de bandera noruega (propiedad de la firma) que transportará a los equipos submarinos de búsqueda, junto con los técnicos, tripulantes y el elenco de veedores que pondrá la Argentina.
No está previsto que los veedores reciban remuneración. Obviamente, el personal militar que participará de la búsqueda continuará percibiendo sus sueldos.

El buque afectado a la tarea será el "Seabed Constructor". Como la nave no es militar, está sujeta a lo que en materia de navegación civil dispone la Organización Marítima Internacional.

En este sentido, aquellos argentinos que aborden la nave deberán realizar cuatro cursos básicos de supervivencia y seguridad a bordo. También deberán someterse a un control psicofísico bastante estricto e idéntico al que es sometido el personal embarcado de la Marina Mercante Argentina.

Patologías perfectamente admisibles para la vida laboral en tierra no lo son a bordo de una expedición de este tipo, por eso en algún momento se habían planteado algunas dudas sobre la presencia de los familiares en las tareas.

Los exámenes usualmente realizados buscan además de deficiencias físicas, ahondar en el estado psíquico del postulante, el equilibrio emocional y fundamentalmente la detección de algún tipo de adicción tóxica. Una simple depresión o una adicción a drogas o alcohol son motivos de rechazo.

La Armada Argentina envió a las querellas interesadas en proponer veedores para participar en la búsqueda notificaciones con los requisitos que deben cumplir las personas elegidas. Aún no queda claro si por tratarse de una expedición civil la Prefectura Naval Argentina deberá tomar intervención, ya que es la única autoridad nacional con facultades para habilitar a personal no militar a tripular un buque.

Para el caso de embarcaciones de banderas extranjeras, la autoridad marítima en su carácter de "Autoridad del Estado Rector de Puertos" tiene la potestad de inspeccionar los documentos de embarco expedidos por terceros países y verificar que se cumplan las reglamentaciones de la OMI.

Ocean Infinity asumió el compromiso de brindar la cobertura obligatoria en materia de seguros de vida y accidentes para los argentinos que embarquen y también será la encargada de gestionar la documentación de embarque ante la autoridad marítima de Noruega.

Se prevé que al menos cuatro familiares directos de los tripulantes participarán de la misión. También irán tres representantes de la Armada. Hay en trámite otras designaciones propuestas por dos de los tres abogados querellantes.

Ocean Infinity también garantizó que al menos un par de horas por día habrá conexión satelital disponible para que los distintos veedores remitan el parte de actividades a sus respectivos representados.

Búsqueda paralela

Mientras tanto y por orden de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, en la mañana de ayer zarpó desde el puerto de Buenos Aires el buque de investigación de la Prefectura Naval Argentina "Tango" con la misión concreta de relevar varios puntos en los que buques de la Armada habían obtenido contactos de sonar con objetos sumergidos no identificables.

La decisión de la magistrada se había mantenido en estricta reserva durante varios días y obedece a una fuerte presunción sostenida por una de las querellas en virtud de un informe del "ARA Sarandí" que señaló una ubicación concreta donde podría ubicarse el submarino buscado desde el 15 de noviembre del año pasado.

Fuentes cercanas a la causa consultadas por Infobae aseguraron que de confirmarse el hallazgo del submarino en un punto relevado en el mes de mayo, las consecuencias derivadas de esta situación serían impredecibles.

Por otra parte la jueza ya tiene en sus manos el pedido de una de las querellas para una urgente citación de los tripulantes del Destructor "Sarandí" que detectaron los ecos sonares, que ahora revisará la Prefectura Naval.

A más de nueve meses de la desaparición del San Juan, aún son más las dudas que las certezas y no hay todavía en el horizonte ninguna hipótesis sobre lo sucedido.

Al margen de las tareas realizadas por la junta de submarinistas convocados por el Ministerio de Defensa, la labor de la comisión bicameral, y el prolijo y meticuloso trabajo que está realizando la jueza Yáñez, hasta que no se encuentre al submarino o al menos parte de su estructura todo queda reducido a un plano de meras suposiciones.

FUENTE INFOBAE