Una inesperada controversia sectorial sacude por estas horas a todo el espectro de la actividad marítima del país, a partir de dos decisiones emanadas de distintos organismos estatales que han dividido las aguas de manera tal que, el grueso de los gremios marítimos de extracción peronista y el 90% de los empresarios navales coinciden en repudiar las iniciativas, mientras que un grupo empresario minoritario de militancia reconocidamente kirchnerista apoya incondicionalmente las medidas que en este momento han sido objeto de un recurso de amparo interpuesto por Juan Carlos Schmid (ex triunviro de la CGT y actual Secretario General de la FEMPyNRA - Federación Marítima, Portuaria y Naval de la República Argentina- y por CINA (Cámara de la Industria Naval Argentina) Distintas regionales de la CGT han mostrado su preocupación por lo que consideran una grave afectación para el trabajo de miles de obreros navales y han puesto al corriente del tema al propio presidente electo Alberto Fernández quien tendrá en sus manos dar marcha atrás con las decisiones de la actual gestión de gobierno .

Durante los últimos cuatro años, fueron varias las ocasiones en las que representantes de la otrora poderosa industria naval argentina elevaron su voz para reclamar por la falta de políticas para la recuperación de la actividad y por las reiteradas órdenes de construcción de buques para el servicio público que eran cursadas por el gobierno nacional a astilleros extranjeros en detrimento de los propios a los que no se les permitía presentar ofertas.

Los buques de investigación científica para el INIDEP ( Instituto Nacional de Investigación Pesquera) , las modernas embarcaciones destinadas a la Prefectura Naval y las patrulleras oceánicas para la Armada Argentina actualmente en construcción en astilleros franceses, fueron objeto de controversia. No obstante desde el Estado se sostuvo que por razones de urgencia o conveniencia se optaba por las construcciones extranjeras.

Durante 2016 por iniciativa de los Senadores Miguel Ángel Pichetto y Fernando Pino Solanas, se logró la aprobación por unanimidad de la ley 27.418 denominada " de promoción de la industria naval" la misma fue promulgada con vetos parciales, pero igualmente generó expectativas entre empresarios y representantes de los obreros y técnicos en construcción naval, dado que el decreto reglamentario consagra la obligación estatal de fomentar el desarrollo de los astilleros nacionales. El firme compromiso del Estado Nacional a partir de entonces fue dar oportunidades de desarrollo a una industria que fue capaz de construir desde buques militares, pasando por grandes cargueros y petroleros hasta la propia Fragata "LIbertad".

A pesar de las promesas, en las últimas semanas desde el área de energía se autorizó a una naviera nacional la construcción de buques y barcazas en astilleros paraguayos para luego realizar con estas naves el transporte de hidrocarburos en el cabotaje fluvial.“Los astilleros nacionales son ampliamente capaces de realizar a niveles de excelencia internacional este tipo de embarcaciones, de hecho las que se han construido hasta el presente gozan de un nivel de eficiencia similar al de cualquier astillero regional o internacional” Sostienen desde la Cámara de la Industria Naval.

La gota que derramó el vaso, fue la publicación del decreto de necesidad y urgencia 668/19 mediante el cual se autoriza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para que proceda a la contratación de un astillero extranjero para la construcción de un buque polar que sirva de apoyo a las operaciones del Rompehielos "Almirante Irizar".

"No podemos dilapidar en momentos de falta de divisas, decenas de millones de dólares para construir el exterior buques y barcazas que podemos hacen en el país" sostienen los gremialistas y empresarios del sector.

"La solidez del planteo jurídico parece insoslayable, el artículo 15 de la ley de promoción de la industria naval , impone claramente la obligación del Estado de impulsar el desarrollo de los astilleros nacionales". Sostienen los letrados que patrocinan la medida"

Un apoyo imprevisto

A pesar de la casi unanimidad de criterio en torno a la necesidad de preservar las fuentes de trabajo locales, desde la Asociación Bonaerense de la Industria Naval liderada en la práctica por un empresario naval especializado en la reparación de barcos pesqueros en Mar del Plata, se intenta respaldar la postura oficial al sostener que "No compartimos acciones que en definitiva terminarán perjudicando cualquier posibilidad de concretar aunque sea una parte de esas construcciones en el país" Conforme reza en un comunicado publicado en la página web de la entidad empresaria bonaerense.

Infobae pudo saber, que al menos uno o dos ingenieros navales nacionales, habrían sido tentados para asumir la dirección de obra en el exterior lo que en principio conformaría al sector ocasionalmente aliado al gobierno saliente. " Estamos cambiando la mano de obra de obra de dos personas por más de 1200 puestos de trabajo que garantizarían al próximo gobierno, al menos un año de paz social al contar con un alto nivel de ocupación en el sector" sostienen desde la Cámara Empresaria del Sector.

En las próximas horas los empresarios y sindicalistas, entregarán al equipo del presidente entrante, un dossier con todos los antecedentes técnicos, financieros y políticos que se relacionan con las medidas hoy bajo amparo judicial y dicen contar con la promesa firme de Alberto Fernández de revisar todo lo que sea necesario para preservar los intereses de los trabajadores y empresarios nacionales, por sobre los astilleros foráneos.

FUENTE INFOBAE