A poco mas de tres años de la tragedia naval más grande en tiempos de paz de los últimos 80 años, la Cámara de Diputados dio media sanción a última hora de la tarde de este jueves a a un proyecto de ley nacido por iniciativa del Poder Ejecutivo a instancias del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, mediante el cual se les ofrecerá a las 44 familias de los tripulantes del ARA San Juan una indemnización extraordinaria y por única vez que rondará los siete millones de pesos, libres de impuestos.

La compensación que ahora deberá ser debatida en el Senado, es complementaria al cobro de la pensión militar que percibirán los derechohabientes en los casos que corresponda, pero al aceptarla los familiares deberán renunciar por escrito al derecho que pudieran tener para iniciar acciones judiciales contra el Estado Nacional por daños y perjuicios. “En todos los casos cada familia es libre de decidir lo que considere más conveniente”, sostienen en el Ministerio de Defensa.

"Agustín Rossi, hizo de la causa San Juan una de sus mayores preocupaciones. Su diálogo con las familias y querellas es permanente", sostienen en Defensa

Si bien se da por sentado que la Cámara Alta también aprobará la medida, aún restan definir algunas cuestiones puntuales como ser qué ocurriría en el caso que en una misma familia existan discrepancias entre deudos con iguales derechos o cómo se efectuará la distribución del monto indemnizatorio en algunas situaciones familiares puntuales. Como sea, todos los consultados por este medio coinciden al sostener que en la reglamentación de la norma quedarán zanjadas todas las dudas existentes.

La situación económica del grupo familiar primario de cada marino fallecido fue abordada conforme a lo que la justicia civil establece para las desapariciones en alta mar. “Siempre es complejo el tema de la certificación del fallecimiento de una persona sin tener su cuerpo a la vista. En los casos de siniestros marítimos, hay que esperar determinados tiempos legales para finalmente poder obtener un certificado de desaparición con presunción de fallecimiento”, sostiene uno de los auditores militares consultados por Infobae. Las mismas fuentes recordaron que hasta hace poco tiempo la Armada continuó abonando los haberes de los fallecidos en forma exactamente igual a la que se hace con el personal activo, con lo cual no hubo perjuicio económico para las familias.

En noviembre de 2020 el actual jefe de la Armada Vicealmirante Guardia flanqueado por Rossi, descartó de plano la teoría que indicaba que la fuerza había ocultado durante un año la posición del ARA San juan (Foto: Christian Heit)

Para el cálculo del monto de la indemnización que se ofrecerá a las familias, se tomó una base que es coincidente con la utilizada para fijar el monto de otras indemnizaciones pagadas por el Estado, y resulta de tomar el haber mensual de los empleados públicos nacionales escalafonados en el nivel A grado 0 de la escala salarial y multiplicar esa cifra por 100. Esto arroja un monto aproximado de 7.000.000 de pesos que resultan ser equivalentes a unos 175 sueldos considerando lo que percibían en promedio los militares fallecidos estando en actividad.

Opiniones encontradas

“Nunca es fácil ponerle un valor monetario a la pérdida de una vida humana pero es sabido que la pérdida de quien en muchos casos era el único sostén familiar conlleva además del dolor por la ausencia, la necesidad de hacer frente a todas las obligaciones propias de la manutención diaria del grupo familiar. Este ofrecimiento del Estado Nacional es concreto y pagadero en el cortísimo plazo. Muchos familiares han recibido propuestas muy ‘tentadoras’ para iniciar juicios al Estado Nacional por montos cercanos al millón de dólares (83 millones de pesos al cambio oficial). La cifra puede parecer tentadora pero es solo una promesa de abogados que necesariamente deben tentar a sus clientes con el litigio para asegurarse sus propios honorarios. Pero cada familia tiene la total libertad para elegir. La propuesta oficial puede ser tomada por los deudos hasta luego de un año de producida su promulgación”, señaló uno de los impulsores de la medida.

Oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de indemnizar a las familias y descartan que las mismas opten por la acción judicial en la justicia civil (Foto: Christian Heit)

Desde hace varios días en distintas redes sociales han aparecido mensajes contrarios a la sanción de la ley actualmente en tratamiento bajo el argumento de que la norma es un “robo” a las familias y que “El San Juan no se negocia”. Son impulsados desde una de las querellas en la causa penal. No obstante, otro de los letrados actuantes sostiene que “buscamos la verdad no el dinero, pero el ofrecimiento de este tipo de ayudas es positivo y cada familia sabrá si lo acepta o no”. Mientras tanto, desde el entorno de algunas familias se viene señalando que hay fuertes presiones para inducirlos a la no aceptación del ofrecimiento estatal. “Nos quieren llevar a un juicio civil a toda costa y eso es muy largo. Nuestras necesidades son ahora”, señalan los consultados. Al mismo tiempo, desde el Poder Ejecutivo estiman que al menos 30 familias se acogerán al sustancial beneficio ofrecido con la aprobación de la ley.

Cada una de las familias será libre de elegir entre la acción judicial contra el Estado Nacional o percibir los $ 7.000.000. Tienen un año de plazo para optar

Si bien desde la bancada opositora de Juntos por el Cambio, en concordancia con lo planteado por la diputada Rey, se pretende sancionar una norma similar para los deudos de las victimas de la tragedia de Once, los especialistas consultados marcan algunas diferencias fundamentalmente basadas en que los pasajeros del tren siniestrado no estaban allí por mandato del Estado Nacional y que el operador de la línea Sarmiento era una empresa privada a diferencia de los 44 submarinistas los que obviamente eran trabajadores del Estado Nacional. No obstante, para el caso del boliche Cromañón y tratándose de un ámbito totalmente privado, se dispuso una indemnización especial, lo que deja abierta la puerta para el planteo de la oposición legislativa.

FUENTE INFOBAE