Es casi una verdad revelada lo que suele ocurrir en nuestra sociedad cuando se habla de Malvinas. Izquierdas y derechas, clases medias, altas o bajas, creyentes o agnósticos y en general personas que no tienen nada en común coinciden sobre la legitimidad del recurrente y perpetuo reclamo de soberanía que la Argentina -aunque con distinta intensidad de acuerdo a la época- sostiene desde hace casi 200 años. Aclaremos que por cuestiones de brevedad cuando hablamos de Malvinas hablamos de todo el archipiélago que conforman estas islas junto a las Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

La “magia” de Malvinas también hace que quienes ostentamos con orgullo la condición de veteranos de guerra caigamos en la tentación de creernos un poco “dueños” del archipiélago. Esto hace que muchas veces pretendamos ser convocados para opinar en cualquier cosa que se relaciones con las Islas tal como si fuéramos expertos en cuestiones geopolíticas o diplomáticas. Digo en nuestra propia defensa que seguramente es una reacción natural propia de lo vivido allá por 1982 y que en el fondo, aún equivocados, no le hacemos daño a nadie al pensarlo.

Fue creado el Consejo Nacional Asesor de Políticas Sobre Malvinas (Thomas Khazki)

La semana pasada, y con el voto afirmativo de la totalidad de los presentes, el Senado dio media sanción al proyecto de ley que dispone la creación de un nuevo organismo que será reconocido bajo el rimbombante título de “Consejo Nacional Asesor de Políticas Sobre Malvinas”, y que estará compuesto por 13 miembros entre los que se cuentan el presidente de la Nación, el canciller, el secretario de Malvinas, tres diputados, tres senadores, tres “científicos” de reconocida trayectoria (el proyecto no aclara exactamente qué ciencia aborda la temática malvinera) y por último un veterano de guerra en total correspondencia con ese sentimiento colectivo de “propiedad” al que hice mención anteriormente.

Sin perjuicio de los entendibles reparos que la sola mención de la palabra “comisión” pueden generar sobre todo en un país que acuñó la frase “si quiere que el tratamiento de un tema no avance, cree una comisión”, en la medida que sea ad honorem y que no se transforme en una usina de viajeros internacionales con viáticos pagados por el erario público, permitámonos imaginar que podría servir para afianzar una política de Estado en la materia. No obstante, no puedo dejar de señalar con preocupación que ya existe una cada vez más sonora disputa entre distintos agrupamientos de veteranos de guerras para quedarse con el sillón que corresponderá a los ex combatientes.

La plataforma continental argentina

En la misma jornada parlamentaria, el Senado también dio media sanción por unanimidad al proyecto que establece los “nuevos límites exteriores de nuestra plataforma marítima continental”. En este aspecto podríamos sostener sin temor a equivocarnos que el conocimiento acerca de la prolongación de nuestro país mar adentro ha sido tradicionalmente difuso y en general reservado a especialistas en cuestiones marítimas y a todos aquellos que desarrollamos profesiones que tienen al mar como protagonista.

Siempre suelo decir -mitad en broma, mitad en serio- que pertenezco a una generación a la que desde la escuela mucho se nos enseñó acerca del general San Martín, la Cordillera de los Andes y la Pampa Húmeda con su enorme potencial agrícola ganadero. Aún hoy y gracias a ello podemos diferenciar con certeza a una vaca de raza Hereford de una Holando Argentina. Poco y nada nos contaron sobre el Almirante Brown, la plataforma continental y la enorme riqueza ictícola que alberga nuestro vasto mar.

En el corto plazo, el embargo de la Fragata Libertad en Ghana, algunas tragedias sufridas por buques pesqueros y especialmente el naufragio del submarino ARA San Juan permitieron ilustrar tibiamente en medios masivos de difusión algunos conceptos básicos sobre los intereses marítimos argentinos.

El desconocimiento generalizado al que hago referencia se ha traducido obviamente en algunos groseros yerros que funcionarios y políticos de primerísimo nivel han exteriorizado a la hora de referirse a este tema. Desde el presidente de la Nación hasta los senadores que aprobaron la nueva demarcación de la plataforma han demostrado que sus conocimientos en la materia están prendidos con alfileres.

“Hemos decidido establecer un nuevo límite exterior para nuestra plataforma continental y vamos a remitir al Congreso Nacional el proyecto de ley respectivo”, se escuchó decir desde Balcarce 50. La verdad es que no hemos decidido nada. Al menos la actual conducción política del país no lo ha hecho. Fue en el año 2009 cuando la Comisión de Límites de las Naciones Unidas aprobó un brillante y pormenorizado trabajo que desde hacía más de 20 años (desde la administración Menem a la presidencia de CFK sin interrupción) realizaron un grupo de excelsos diplomáticos, juristas, oceanógrafos civiles y militares coordinados por la doctora Frida Armas Pfirter y que incluyó un puntilloso relevamiento batimétrico de miles de puntos del fondo marino que sirvieron para demostrar hasta donde se prolonga nuestra plataforma marina. Queda claro entonces que lo que está en juego ahora es darle forma legal a nivel local a algo que la comunidad de las naciones nos ha reconocido.

Buque pesquero infractor siendo conducido a puerto por la Prefectura Naval

Ahora bien, así como ningún argentino bien nacido se permite dudar de la soberanía plena y absoluta sobre Malvinas, en lo relativo a la plataforma marítima, nuestros legisladores deberían esforzarse un poco. “Hemos extendido nuestra soberanía en 1.700 kilómetros cuadrados”, fue una de las frases más escuchadas. Horror más que error. En primer lugar, si el fruto de tamaño esfuerzo fuera de solamente 1.700 kilómetros cuadrados estaríamos ante un verdadero desastre diplomático. Sería bueno que los legisladores repasaran un poco de geografía y le agreguen al menos tres ceros a esa cifra. Por otra parte, cuando se habla de soberanía hay que ser cuando menos cuidadoso. Argentina, de acuerdo a los cánones reconocidos casi por unanimidad a nivel mundial, goza de una franja de mar territorial de 12 millas náuticas mar adentro en las que ejerce su soberanía del mismo modo en que lo hace sobre el territorio seco. Luego, otras 12 contiguas, donde ejerce algunas facultades de tipo policial, y 200 millas contadas desde la costa en las que ejerce soberanía exclusivamente económica sobre los recursos naturales que se puedan encontrar en la superficie, lecho o subsuelo marino (pesca, petróleo, gas mayormente).

El reconocimiento de una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas (en algunos puntos ahora llega a 350) concede a la Argentina derechos sobre los recursos sedentarios que puedan existir en el lecho y el subsuelo marino. La pesca obviamente no está incluida en este concepto y muchísimo menos la pretensión esgrimida por algún legislador que sugiere poco menos que la obligación que a partir de ahora tendrían terceros países de pedirnos permiso para navegar. Analfabetismo marítimo en su máxima expresión.

No es ni por lejos el propósito de esta columna constituirse en una cátedra de derecho marítimo internacional, materia para la cual estoy más cerca de ser alumno que profesor. Pero sí pretende despertar el interés del lector por estas cuestiones y ser una severa luz de alerta para la clase dirigente argentina. No podrán decidir, legislar, reglamentar o en modo alguno arrogarse la facultad de administrar asuntos relacionados a la temática marina si primero no se sientan a estudiar.

No podemos jactarnos de ejercer por ley algún tipo de soberanía si no dotamos a las instituciones relacionadas con la salvaguarda de los derechos que el país tiene en casi 4.500.000 de kilómetros cuadrados de mar de los medios adecuados para hacer efectiva la custodia de los mismos. No podemos reclamar desde la banca “máximo rigor” con aquellos que depredan nuestra fauna marina si seguimos legalmente sosteniendo que la pesca ilegal no es delito. Para aquellos lectores que en este punto crean que la frase precedente es errónea, me permito remitirlos a la lectura del capítulo XIII de la ley federal de pesca 24.922.

Pesquero chino perseguido por la Prefectura Naval dentro de las 200 millas

Concluyendo. En pocos días más, los proyectos de ley objeto de esta columna serán aprobados en diputados y rápidamente tendrán la promulgación de rigor con las consiguientes congratulaciones de oficialismo y oposición. ¿Y después qué? ¿Podrán las máximas autoridades del país obrar con la misma diligencia que demuestran a la hora de controlar la compra de USD 200 -por parte de quienes habitan en tierra firme- y evitar concretamente el robo de miles y miles de millones de dólares que las flotas piratas realizan a diario en nuestras aguas? ¿Podrán los legisladores rebautizar a la pesca ilegal llamándola y tratándola como robo en lugar de la actual denominación de “infracción pesquera”? ¿Podrá acaso nuestra Cancillería separar lo que son los compromisos políticos con alguna potencia oriental, del desastre que naves de la misma potencia hacen en nuestro mar?

Tal vez son demasiadas preguntas y seguramente no tendremos por ahora las respuestas. El pasado 16 de julio el país celebró (o debería haber celebrado) el Día de los Intereses Argentinos en el Mar. No es un día decretado por ninguna dictadura militar, aunque fueron hombres y mujeres de uniforme los que llevaron la iniciativa al Congreso de la Nación para que exista una ley al respecto. No hubo ni un solo funcionario capaz de recordarlo. Ni una declaración, ni un spot televisivo, ni tan solo un tweet al que son tan afectos nuestros dirigentes. Nada. Podría pensarse que los intereses marítimos paradójicamente no interesan.

Un fuerte y caluroso aplauso por el esfuerzo legislativo. Muy linda la foto de la unidad. Qué tal si ahora ponen manos a la obra para transformar la foto en un bonito largometraje que trascienda un mero acto político y fije una verdadera política de Estado efectiva y duradera.

FUENTE INFOBAE